Un grupo de intendentes cordobeses decidió hacer público el reclamo de los atrasos en los pagos por las prestaciones del Pami. Los mandatarios locales advirtieron que la situación sigue en franco deterioro desde hace meses y pone en peligro la atención de salud pública.
En algunos localidades, la decisión fue comenzar a cobrar bonos voluntarios para sostener las prestaciones. Hay gobiernos locales que no descartan realizar una presentación ante la Justicia. El atraso, en la mayoría de los casos, se trata de incumplimientos en los pagos que datan de octubre de 2025, sumado a que no hay actualizaciones en los montos que se abonan por las prestaciones.
Además, hay un grupo de intendentes que asegura que Nación sigue con un atraso en el pago del programa Sumar, dirigido para atender la demanda de aquellas personas que no cuenten con ninguna asistencia ni obra social. En este punto en particular, algunos jefes comunales aseguraron que evalúan realizar una presentación judicial. Afirman que ese plan se cubre con asistencia financiera externa, como el BID, y que son "fondos retenidos" por el Gobierno de Javier Milei.
Voceros cordobeses de La Libertad Avanza afirmaron que detrás del reclamo de los jefes municipales se esconde "una operación política" orquestada "por el justicialismo y llevada adelante por intendentes afines al gobernador Martín Llaryora".
"Es una situación a nivel nacional, no sólo de Córdoba. Esta es una movida política del Gobierno de Córdoba", planteó uno de los dirigentes libertarios consultados por La Voz. "Hace varios días que vienen con esto, quieren ensuciar a algunos dirigentes de La Libertad Avanza en Córdoba con los que el justicialismo sabe que pierde", afirmó otro referente local del espacio "violeta" en referencia a los comicios provinciales del año próximo.
Qué dicen los intendentes
Los intendentes, en cambio, sostienen que la deuda va en aumento. Ese escenario se complementa con una suba de la demanda de pedidos de atención médica. Son personas, afirman, que no pueden ya costear una obra social o perdieron el empleo y, por lo tanto, recurren a la atención que brindan los municipios. Además, los responsables de los gobiernos locales plantean que “hay una caída de la coparticipación” que viene de Nación y que comenzó a sentirse en lo que llega a los municipios. En síntesis: menos recursos y más demandas sobre los servicios locales.
Los jefes comunales consultados por La Voz coincidieron en que tienen que duplicar los fondos que deberían llegar desde Nación para dar respuesta a la demanda de sus vecinos. Y que la situación llegó a tal límite que cada vez son más los que aprueban el cobro de bonos voluntarios para sostener la atención de especialidades, servicios de radiografía o estudios.
Daniel Haniewicz, intendente de Monte Cristo y farmacéutico en su actividad privada, relató cómo observa el impacto en su municipio. También habló de la angustia de los jubilados que no llegan para cubrir remedios.
“La deuda que hay de Pami para las prestaciones médicas es altísima, nos están usando para servicios gratis. En Monte Cristo, ya no hay fisioterapia que quiera atender por el Pami y tratamos de cubrir lo más que se pueda”, dijo el intendente.
“Hace poco cobramos una deuda de hace años y seguimos esperando por otra deuda de 2025. Nosotros no le podemos decir a la gente que espere, tenemos médicos las 24 horas atendiendo. Ponemos unos 132 millones de pesos mensuales en gastos”, agregó.
Ante esta situación, el intendente decidió enviar al Concejo Deliberante la aprobación para el cobro de un bono voluntario de 5 mil pesos que comenzaría a implementarse en los próximo días. Es la forma que están encontrando algunos municipios para cubrir parte de los gastos para sostener los centros de salud en el interior.
“Entre el programa Sumar y la deuda de Pami estamos hablando de 32 millones de pesos que no se pagaron, cuando los gastos mensuales suman 132 millones de pesos, además de que las prepagas también se atrasan en los pagos y vemos que la Superintendencia no interviene”, explicó Haniewicz.
En ese contexto, otros intendentes comenzaron a analizar escenarios similares. El crecimiento sostenido de la demanda, la falta de actualización de aranceles y los atrasos en los pagos configuran, según coincidieron, en una presión sobre los sistemas de salud locales.
El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, médico y extitular del Pami de esa ciudad, también expresó su preocupación sobre la situación.
“Nosotros tenemos un atraso desde octubre de 2025, lo cual es un desastre. Fui jefe del Pami en Cosquín, conozco bien el tema, hago todo lo posible para que estén todas las especialidades médicas para tener la mejor prestación posible… Pero lo que ocurre es que tengo un atraso en lo que nos deben de Pami y Sumar de 40 millones de pesos. Lo que más nos deben es del Sumar, que es justamente para aquellos que no tienen obra social y que llega con fondos del exterior y no están cumpliendo”, aseguró el jefe municipal.
“Son aportes de créditos internacionales que no llegan, es un programa que está hace muchos años. Se imaginarán que tengo una ciudad de 40 mil habitantes con una demanda que aumentó”, dijo.
“Ahora tenemos hasta 150 personas por día pidiendo una respuesta, comenzamos en el municipio con una demanda de atención en salud de 1.800 vecinos y hoy llegamos a los 9 mil por mes”, explicó.
Para el intendente de Cosquín, “los municipios son la cara visible de la motosierra” que aplica el Gobierno nacional. “Tenemos pedidos de la gente por chapas, mercadería, por personas que no pueden sacar a su familiar fallecido de la clínica porque no tienen con qué”, aseguró.
Hay más intendentes que describieron una situación similar. Silvina Cabezas, intendenta de San Pedro, próximo a Villa Dolores, explicó un escenario de atraso en los pagos del Pami.
“De Sumar nos deben más de 10 millones de pesos. Y de Pami, si bien tenemos un convenio reciente, pero es el primer mes que pudimos facturar y no nos pagaron", se quejó.
"Y lo peor de todo es con el recorte de la coparticipación, que nos llega un 22 por ciento menos, pero no es porque haya caído la recaudación provincial. La provincial tuvo un leve aumento, el problema es que está cayendo en picada la recaudación nacional, por la parálisis económica que hay a nivel nacional. Es muchísima plata, y la verdad que no sabemos cómo vamos a hacer", dijo. "Estamos hablando de una deuda de Pami, que perjudica a quienes aportaron toda su vida", remarcó.
También el intendente de Malvinas Argentinas, Gastón Mazzalay, coincidió con sus colegas sobre la situación.
"El Sumar nos viene pagando con algunas interrupciones. El problema es que los montos del nomenclador no tienen una actualización seria desde hace años. De Pami, el último mes que nos pagaron fue en noviembre de 2025. Hasta ahora veníamos sosteniendo el sistema de salud con la coparticipación, pero la última coparticipación tuvo una caída de aproximadamente el 27%. Gran parte de la composición de la coparticipación es IVA", dijo.
"Si el Gobierno nacional no toma una medida para reactivar la economía, será imposible para los municipios seguir prestando los servicios con normalidad", resumió en línea con el estado de alerta planteado por otros intendentes cordobeses.