Participación en salud y la dirigencia sindical.

Por Jorge Mera

La participación directa de la ciudadanía en el curso de sus destinos, para nuestro caso en materia de Salud, es un  principio substantivo para la acción social que se realiza a través de los usuarios o de sus legítimos representantes.

 En un tiempo lejano las comunidades de inmigrantes fueron el principal vehículo de esa participación. Testigos de ese momento aún permanecen los hospitales Italianos, Españoles, Británico, Israelita, etc.

 A su vez, la evolución de la seguridad social médica ha seguido en Argentina, como en muchos otros países del mundo, las líneas de solidaridad propias de la sociedad civil contemporánea a esos desarrollos. Por ello, la aparición y crecimiento de las obras sociales en nuestro país estuvo íntimamente asociada con las asociaciones gremiales.

La solidaridad étnica que dio lugar a aquellas entidades mutuales y de socorros mutuos ya había sido en gran medida remplazada por la solidaridad laboral cuando comenzó la primera etapa de las entidades que hoy conocemos como “obras sociales”, o sea la manifestación en Argentina de las organizaciones de la seguridad social médica que se encuentran en otras partes del mundo (“krankencassen” en Alemania, Fondos de salud en Holanda o Bélgica, etc.).

Esta primera etapa fue voluntaria y espontánea. Las asociaciones de trabajadores (sindicatos) empezaron a ofrecer a sus afiliados servicios sociales de diferente tipo: pensiones, turismo, recreación y, entre todos ellos, salud. La financiación de estos servicios, por lo general contratados con médicos y clínicas privadas, se hace en ese momento sobre la base de las cuotas societarias que voluntariamente abonan los afiliados y, más tarde, se consiguen subsidios y subvenciones por la vía de convenios colectivos de trabajo pactados con los empleadores.

Con el correr del tiempo, el Estado advierte la importancia de ese movimiento y comienza a participar en él. Así, en 1944, el Poder Ejecutivo Nacional sanciona el Decreto 30655 por el que se constituye una Comisión de Servicio Social cuya finalidad fue “...propulsar la implantación de servicios sociales en los establecimientos de cualquier ramo de la actividad humana donde se presten tareas retributivas”.

A corta distancia, el gobierno avanza un paso más y, sobre la base de las estructuras previamente creadas por sindicatos, constituye “obras sociales” con individualidad jurídica y financiera, distintas a las respectivas asociaciones de trabajadores. El primer ejemplo es la Dirección General de Asistencia Social para el Personal Ferroviario (origen de la hoy Obra Social Ferroviaria - OSFE) que fue establecida por Decreto 9644/44, tomando para sí los preexistentes servicios de la Unión Ferroviaria y de la Fraternidad. La norma establecía (art. 1°) que la Dirección General actuaría en la materia de su competencia “con prescindencia absoluta y al margen de las actividades sindicales…”

La sostenida intervención estatal, culmina con el dictado de la Ley 18610 (t.o.1971), que extendió el régimen de obra social a todos los trabajadores en relación de dependencia del ámbito nacional (los provinciales se canalizaron por otras vías). y consagró la vinculación sindical que se vio en el origen del proceso de gestación de las obras sociales, al establecer que solo los gremios signatarios de convenios colectivos de trabajo podrían constituir una entidad de ese tipo.

En la actitud y en las acciones concretas que realizaron los sindicatos de trabajadores en materia de obras sociales se manifiestan dos de las etapas del movimiento sindical que reconocía el dirigente de Luz y Fuerza Juan José Taccone. Decía él que la primera etapa es puramente reinvindicativa, donde todo el esfuerzo de las organizaciones se vuelca a la consecución de aumentos de salario y de mejores condiciones de trabajo. La segunda etapa es la provisión de servicios sociales a sus afiliados y, según Taccone, la tercera etapa es la participación en el poder. Así, mediante el manejo de las obras sociales, especialmente sus recursos financieros, los sindicatos se aseguran una destacada y firme participación en el poder social y político.

Este "modelo sindical argentino" y su estrecha vinculación con las obras sociales, ha merecido elogios, pero también críticas, que parten de observar una verdadera disociación de intereses, evidenciable en tres facetas, según la tipología de Adrián Goldín:

         "a) Disociación representativa: se expresa en la ¬prevalencia de los intereses del aparato sindical por sobre los de los propios trabajadores;

        "b) Disociación política: los representantes sindicales que desempeñan funciones en las instituciones específicas del sistema político (v.g., legisladores) se involucran en la formulación de políticas públicas que, más allá del juicio de valor que merezcan, entran en contradicción con los intereses sectoriales que los sostienen;

         "c) Disociación funcional: Los dirigentes abandonan su rol de representación y defensa [de los trabajadores] y asumen, en cambio, el de empresarios-prestadores de servicios; en esa gestión los trabajadores no son ya aquellos a quienes se defiende y representa, sino clientes-prestatarios y, para peor, clientes cautivos (obras sociales, seguros de retiro, etc.). La experiencia actual y pasada muestra con singular elocuencia que también aquí los intereses de unos y otros suelen tomar rumbos divergentes.

A tal resultado negativo contribuyó señaladamente el concepto de que las obras sociales, a fuerza de estar estrechamente ligadas a la marcha de los sindicatos, son su "propiedad", cuando solo se trata del manejo de dineros públicos recaudados por el mandato de una ley y por tanto -en el mejor de los casos- el dirigente o funcionario de una obra social es un agente fiscal a quien caben las responsabilidades morales del empleado público, aunque no rijan para él las normas de un escalafón o un reglamento de funciones.

Tampoco debe olvidarse que dicha dirigencia ha sido habitualmente tratada por las autoridades como un grupo a seducir o combatir en función de la lucha por el poder político o económico (léase el apoyo inicial y luego la feroz disputa entre la CGT de Hugo Moyano y el gobierno de Cristina Kirchner) y que, por cierto, cuando son parte de un negocio político resultan hábiles e impiadosos (recuérdense los resultados del arreglo con el ”grupo de los 15” que intentó el gobierno del Presidente Alfonsín).

Es de lamentar que la participación en sociedades intermedias como las obras sociales, que es una inmejorable ocasión de servicio para los gremialistas -de las que hay excelentes ejemplos- no siempre haya resultado escuela de esfuerzo y dedicación desinteresadas y que el rol modelo predominante, que ha copiado o imitado más de un dirigente, y que ha pasado a la conciencia colectiva de la sociedad y también, desafortunadamente, a los anales de la picaresca criolla, sea el del sindicalista aprovechado que ocupó el más alto cargo directivo del INOS y proclamó sin pudor que en el país “nadie hizo la plata trabajando”.

Diferentes grupos de presión y factores de poder cuestionaron el protagonismo, incluso la mera presencia de las asociaciones gremiales en el escenario de Salud. Desde la izquierda neta porque para ella el Estado es el único camino para conseguir la perfecta equidad y justicia. Hegel hubiera dicho que “el Estado es la realidad de la idea moral”; luego nazismo y comunismo transitarían por ese camino. Desde el cuerpo médico profesional porque se la vivió como una intrusa que perturbaba la santidad de un sistema basado sobre el hospital público donde, revestido de blanco, el médico es sumo sacerdote, y sobre el ejercicio de la profesión liberal Solo los empresarios de la salud han recibido sin hostilidad ese nuevo actor social sanitario, con el cual pueden compartir la neblina que a veces opaca la transparencia del sector.

No obstante lo anterior, conviene distinguir en esta materia la sana teoría de la seguridad social y la participación en ella de los sindicatos de la práctica deficiente que muestra no solo el ejemplo mencionado sino también dirigentes condenados por delitos cometidos en el ámbito de las obras sociales.

Eduardo Briancesco ha sabido comentar que la famosa trilogía de la revolución francesa, “libertad, igualdad, fraternidad”, ha reconvertido su significado  y hoy es  “autodeterminación, participación y solidaridad”

En esa línea de pensamiento, el mensaje de ley con que se presentó en 1985 el proyecto de Seguro Nacional de Salud decía, entre otras cosas, a propósito del principio de participación:

"El articulado mantiene un cuidadoso equilibrio entre las responsabilidades del Estado como promotor del bien común y la participación de los beneficiarios en la gestión inmediata de las actividades … La salud, como la educación y la vivienda son cuestiones de prioritario interés público -de allí la necesidad de un activo papel del sector estatal- pero que permiten y necesitan una amplia participación de las personas y sociedades intermedias en su gestión directa".

La participación de representantes de los beneficiarios, que estaba prevista en los directorios del INOS y de la ANSSAL, ha sido hoy suprimida en la constitución de la Superintendencia de Servicios de Salud y remplazada de hecho por el arbitrio o el humor de las autoridades gubernamentales.

Pese a las vicisitudes que ha corrido la participación de los beneficiarios en las obras sociales, representados de hecho por los sindicatos en cuanto sociedades intermedias, el sistema de salud de nuestro país no alcanzará la plenitud si no resolvemos con realismo y concordia el dilema que plantea la justa ubicación de las asociaciones gremiales en un nivel de conducción participativa. Tengo para mí que la comunidad académica debe tomar hoy la iniciativa en la materia por ser la menos contaminada de intereses creados.

Respondo desde ya al cuestionamiento. Si no la comunidad académica ¿quiénes?; si no ahora ¿cuándo?

 

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