Esta nota se publica en negro, en señal de duelo institucional, el día en que sesiona la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra.

El gobierno nacional declaró en marzo de 2026 su decisión de retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Lo hizo mediante una decisión ejecutiva. El problema es que ese acto carece de validez jurídica.

Argentina ingresó a la OMS en 1948 mediante la Ley 13.211. Lo que una ley crea, solo una ley puede deshacer. La Cancillería modificó un dictamen legal que inicialmente establecía que solo el Congreso podía autorizar la salida, pero cambiar un dictamen no deroga una ley. El Poder Ejecutivo no tiene esa potestad.

La fragilidad jurídica de la medida se vuelve sanitariamente concreta en el peor momento posible. En medio de un brote de hantavirus con tres muertos y de alertas internacionales por el ébola en la República Democrática del Congo, el gobierno llega hoy a la Asamblea General de la OMS buscando que otros países validen lo que internamente no tiene sustento legal. La pretendida salida genera zonas grises operativas en materia de derechos de voto, obligaciones de notificación de brotes y acceso a instrumentos normativos que afectan directamente la capacidad de respuesta del país.

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, fue directo: "A los virus no les importa nuestra política ni nuestras fronteras." No es retórica: es la descripción exacta de lo que ocurrió cuando la variante Andes Sur del hantavirus viajó desde el sur argentino hasta Europa a bordo de un crucero, obligando a la coordinación de doce países.

Pretender retirarse de la OMS no es una postura soberana. Es debilitar la capacidad colectiva de respuesta ante amenazas que no reconocen fronteras, y hacerlo por decreto cuando la ley exige otra cosa.

La AASAP exige que el Congreso nacional intervenga y que esta decisión sea sometida al debate institucional que corresponde.